Acerca de

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. . . el depósito de la fianza de alquiler en A Xunta.
. . . el decreto y la obligatoriedad de la Certificación Energética de los Edificios.
. . . el impuesto de la plusvalía municipal (Vigo).


. . . el depósito de la fianza de alquiler en A Xunta.

La norma que actualmente recoge el procedimiento y las obligaciones del depósito de las fianzas de alquiler en Galicia, es el Decreto 42/2011, de 3 de marzo, por el que se establece el Procedimiento para el Depósito de las Fianzas de los Arrendamientos relativos a las Fincas Urbanas en la Comunidad Autónoma de Galicia, de la que debemos destacar los siguientes apartados:

- Los arrendadores o subarrendadores de fincas urbanas tanto se trate de  viviendas como de locales de negocio deberán depositar en el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo las fianzas en metálico, las hayan o no percibido de los arrendatarios.
- El depósito de las fianzas de alquiler en Galicia deberá mantenerse durante toda la vigencia del contrato.
- El arrendador debe entregar al inquilino una copia del justificante de haber depositado la fianza.
- El depósito de la fianza deberá solicitarse mediante documento de autoliquidación, que podrá realizarse a través de la página web del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, o directamente en las oficinas de este organismo.
- El depósito deberá realizarse en el plazo de un mes desde la firma del contrato, con independencia de su entrada en vigor.
- Si no se depositara la fianza dentro de dicho plazo, se reclamará su importe, incrementado en el interés legal sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
- La cancelación de la fianza deberá hacerla el arrendador, Administración de la Comunidad Autónoma Gallega la devolverá en el plazo máximo de 20 días.
- El Instituto Gallego de Vivienda y Suelo podrá utilizar la vía ejecutiva para el ingreso de las fianzas no depositadas y de las sanciones del incumplimiento de la obligación de depósito.
- En caso de que no se haya efectuado el depósito de las fianzas de alquiler en Galicia, la persona inspeccionada podrá presentar voluntariamente propuesta de regularización de su situación. Realizado el pago, el inspector extenderá acta de conformidad.
- Si no hubiese conformidad con el acta de regularización o el arrendador no abonase el importe de la fianza, se extenderá acta de disconformidad y se dará traslado al órgano competente para el inicio, en su caso de un procedimiento sancionador de conformidad con lo establecido en el Título V de la Ley 18/2008, de 29 de diciembre, de vivienda de Galicia.

. . . el decreto y la obligatoriedad de la Certificación Energética de los Edificios.

- La exigencia relativa a la certificacion energética de edicifios, queda regulada en España por el Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para dicha certificación.

- Este real decreto establece la obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética que deberá incluir información objetiva sobre la eficiencia energética de un edificio y valores referencia tales como requisitos mínimos de eficiencia con el fin de que los propietarios o arrendatarios del edificio o de una unidad de éste puedan comparar y evaluar su eficiencia energética.

Una vez analizado el contenido de dicho real decreto y evacuadas consultas ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y conforme a lo indicado en el Art. 2, Ámbito de Aplicación, el procedimiento básico será de aplicación a:

a. Edificios de nueva construccción.
b. Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor.
c. Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público.

. . . el impuesto de la plusvalía municipal (Vigo).

Es el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y se aplica cuando se vende o dona un inmueble.

Cuando se traspasa un inmueble, es la parte vendedora quien debe abonar el impuesto sobre plusvalía. En el caso de una donación, en cambio, es la persona que recibe el bien quien deberá liquidar el tributo ante el ayuntamiento en el que se ubique el inmueble. Los contribuyentes que hereden un inmueble también deberán pasar por la caja del municipio para pagar el impuesto de plusvalía.
Este tributo se aplica con independencia de si existe o no un beneficio.

La base imponible se calcula en función del valor catastral del bien y del tiempo transcurrido en poder de la parte vendedora o del donante o fallecido, en el caso de donaciones y herencias.
Con el valor catastral y la tasa de revalorización –que el ayuntamiento determina con ciertos límites y puede variar en función del municipio– ésta será el resultado de multiplicar 3,5 por los años en los que se ha sido propietario del bien. Ello da como resultado un porcentaje que aplicado al valor catastral deja una base imponible, sobre este importe se aplicaría el tipo impositivo, que no puede superar el 30% por ley. Como se ve, la fórmula no tiene en cuenta si el propietario gana o no dinero con la venta.

Cada vez más sentencias anulan liquidaciones en las que un ayuntamiento exige el impuesto de plusvalía en una operación que ha generado pérdidas. Ahora, la sentencia del Tribunal Constitucional obligará a cambiar la normativa.


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